Gobernador de la Florida gasta miles para implantar políticas inconstitucionales
El gobernador Scott ha gastado cientos de miles de dólares contratando abogados externos y pagando a los abogados en la oficina del procurador general del estado para tratar de revocar las decisiones de los tribunales inferiores que han declarado inconstitucionales sus políticas.
MIAMI, FL .- Una investigación basada en una solicitud de registros públicos realizara por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de la Florida, encontró que el estado de la Florida ha gastado cientos de miles de dólares en honorarios de abogados y gastos legales para sostener las políticas de análisis de orina realizadas de forma obligatoria y sin sospecha de consumo de drogas por parte del gobernador de Florida, Rick Scott, incluso después de que los tribunales federales determinaran que dichas políticas eran inconstitucionales.
La mayoría de los costos se originaron después de las decisiones iniciales de la corte, las cuales determinaron que ambas políticas eran inconstitucionales: una ley de 2011 requiriendo a los solicitantes del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) a someterse a pruebas de drogas como condición para recibir beneficios, y una orden ejecutiva en 2011 emitida por el gobernador Scott, obligando a los empleados estatales bajo mandato del gobernador a someterse a estas pruebas como condición de empleo.
En total, la ACLU descubrió que para el 7 de mayo de 2014, el estado había gastado $381,654.45 en los casos, sin incluir los salarios de los abogados o las tarifas de los abogados por orden de la corte – esto sin mencionar los costos en la implementación de los programas como tal.
“Cada tribunal que haya escuchado el argumento del gobernador Scott de que el estado tiene el poder de obligar a la gente a presentar sus fluidos corporales para que sean inspeccionados por el gobierno, sin necesidad de que hay una mala conducta asociada o una sospecha de uso de drogas, lo ha rechazado como una violación de las protecciones de la Constitución contra revisiones irrazonables”, dijo la abogada para la ACLU de la Florida, Shalini Goel Agarwal, abogada principal en el caso de las pruebas de drogas a empleados estatales.
“Sin embargo, el gobernador está gastando cientos de miles de dólares de los contribuyentes en el pago de abogados privados para promover la idea extrema de que el gobierno puede tratar a cualquiera como un criminal sospechoso y obligarlo a renunciar a sus derechos constitucionales. Esto se ha convertido en un despilfarro costoso y vergonzoso para los floridanos.”
La ley de exámenes orina para los solicitantes de TANF fue prohibida por un juez federal en 2011, después de que la ACLU de la Florida la desafiara. El gobernador había promovido la ley como una medida de ahorro, afirmando que los solicitantes de TANF usan drogas a una tasa mayor que otros.
Sin embargo, durante los pocos meses que la ley estuvo operando, fueron tan pocos aquellos que dieron positivo en las pruebas que el estado gastó más reembolsando a los solicitantes los gastos de las pruebas que lo que ahorró con aquellos que dieron positivo; y luego, después de que se emitió la orden preliminar, el estado gastó miles más en reponer beneficios que se habían negado de forma injusta.
El gobernador, sin embargo, apeló la medida cautelar, que fue confirmada por la Corte del 11 Circuito de Apelaciones. El tribunal de distrito dictó una sentencia firme que declaró inconstitucional la ley en la víspera de Año Nuevo de 2013. Pero el gobernador Scott, aún no estaba convencido, así que ha interpuesto un segundo recurso en el caso TANF, que está pendiente de nuevo en la Corte del 11 Circuito de Apelaciones.
La orden ejecutiva del gobernador Scott exigiendo análisis de orina a empleados estatales fue impugnada por la ACLU de la Florida en nombre de los miembros del mayor sindicato de empleados públicos del estado, la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados, y Municipales (AFSCME, en inglés) del Consejo 79.
En abril de 2012, un tribunal de distrito prohibió la orden ejecutiva declarando que violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución, relacionada con la prohibición a revisiones irrazonables por parte del gobierno. La fiscalía apeló la decisión, y en mayo de 2013, la Corte del 11 Circuito de Apelaciones rechazó el argumento del estado que indicaba que el gobierno tiene la autoridad para requerir que todos los empleados sean sometidos a prueba de drogas como condición de empleo.
El Gobernador Scott apeló la decisión ante la Corte Suprema de los EE.UU., que en abril de 2014 se negó a escuchar el caso, dejando la decisión del 11 º Circuito en pie.
Entre los dos casos, el gobernador Scott ha gastado cientos de miles de dólares contratando abogados externos y pagando a los abogados en la oficina del procurador general del estado para tratar de revocar las decisiones de los tribunales inferiores que han declarado inconstitucionales sus políticas.
Se espera que los costos aumenten, pues gobernador Scott ha continuado la lucha jurídica por ambas políticas a pesar de la cadena ininterrumpida de pérdidas en la corte.
En el caso de los análisis de orina para empleados estatales, el gobernador Scott sigue argumentando ante el tribunal que la mayor parte de su fuerza de trabajo debe estar sujeta a las pruebas, y por ende el estado debe pagar las 2/3 partes de los costos de un “maestro especial” designado por el tribunal para revisar las decenas de miles de puestos de trabajo que según el gobernador son puestos de trabajo de alta seguridad que requieren análisis de orina obligatorio por razones de seguridad pública.
Estos puestos de trabajo “de alta seguridad” supuestamente incluyen mecanógrafos, empleados de las tiendas, y trabajadores que deben desplazarse distancias largas. La primera reunión de ambas partes con el maestro especial está programada para el miércoles, 28 de mayo, y los costos para el estado ya se están incrementando.
Con el fin de acelerar el cierre del caso relacionado con los análisis de orina para empleados estatales, la ACLU ha presentado una moción de juicio sumario, solicitando al tribunal que emita un fallo final derribando de forma definitiva la orden ejecutiva para aquellos empleados para los cuales el gobernador no ha encontrado una razón real de por qué deben ser sometidos a prueba, ni siquiera después de que el Circuito 11 dejara claro que tenía que mostrar una “necesidad especial” para cada categoría de trabajo que pretendía someter a la prueba.
“La cruzada ideológica inconstitucional del gobernador Scott ha costado al pueblo de Florida demasiado durante demasiado tiempo”, agregó Agarwal. “El gobierno no puede tratar a las personas como presuntos delincuentes y obligarlos a someterse a registros invasivos y humillantes sin una razón de seguridad pública o sin que existan indicios racionales de delito. Ninguna movida costosa en las cortes va a cambiar eso. Así que el gobernador necesita darse cuenta, y cortar por lo sano esta costosa campaña contra los derechos de los floridanos”.
