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Published On: Jue, sep 21st, 2017

Leyes que protegen a indocumentados llegan a la recta final en California

Tras todo un año de debate, se cierra la sesión legislativa con la aprobación de ocho proyectos de ley que podrían proteger a la comunidad inmigrante indocumentada en California.

Las medidas pasan al escritorio del gobernador Jerry Brown, quien tiene hasta el 15 de octubre en firmalas para su aplicación o vetarlas.

Las medidas pasan al escritorio del gobernador Jerry Brown, quien tiene hasta el 15 de octubre en firmalas para su aplicación o vetarlas.

Las medidas pasan al escritorio del gobernador Jerry Brown, quien tiene hasta el 15 de octubre en firmalas para su aplicación o vetarlas.

El Proyecto de Ley AB-54 aumenta las limitaciones de la capacidad de las fuerzas del orden para trabajar y comunicarse con los funcionarios federales de inmigración. La ley prohíbe a los agentes del orden público preguntar sobre el estatus migratorio de una persona o participar en cualquier programa que los use como agentes de inmigración.

La SB-29 prohibiría a los gobiernos locales llevar a cabo nuevos contratos para detener a los inmigrantes que enfrentan la deportación. No impediría que las empresas privadas tuvieran sus propios contratos con ICE, como el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego, propiedad y operado por CoreCivic (anteriormente CCA). Si se firma el proyecto de ley, también autorizaría al fiscal general del estado inspeccionar las condiciones de los detenidos inmigrantes en cárceles y prisiones privadas en California.

En el 2011, el gobierno de Barack Obama estableció los Estándares Nacionales de Detención para asegurar que las personas que esperan su día en la corte de inmigración, tengan acceso a servicios legales, atención médica y de salud mental, recreación y un proceso de quejas. Sin e embargo, ICE había cerrado recientemente la división encargada de implementar esas normas.

La SB 257 permitiría a los hijos ciudadanos de los padres deportados de Estados Unidos continuar asistiendo a las escuelas locales.

El argumento del senador Ricardo Lara (D-Bell Gardens), sostiene que cientos de miles de niños ciudadanos se salen del país junto con sus padres deportados, por lo que dejan de estudiar en Estados Unidos.

Sin embargo, por ser ciudadanos, estos  pueden regresar y continuar sus estudios. El proyecto de ley, SB 257, también se aplicaría a los niños de kínder a 12 grado cuyos padres los trajeron al país ilegalmente.

También daría derecho a que las escuelas reciban fondos estatales para estos estudiantes.

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La AB-21 es una respuesta a la eliminación de DACA. Si se firma, el proyecto de ley requeriría que la Universidad Estatal de California y los colegios comunitarios tengan políticas para asegurar que los estudiantes indocumentados tengan acceso a ayuda financiera, representación legal y su derecho al debido proceso.

También crearía un marco para la interacción de las instituciones de educación superior con ICE, como la prohibición de revelar el estatus migratorio de estudiantes, profesores y personal indocumentados.

AB-291 prohibiría a los propietarios o administradores de propiedad revelar o amenazar con revelar, el estado migratorio del inquilino a cualquier autoridad de inmigración.

Defensores de la vivienda dicen que el acoso, la intimidación y los desalojos están aumentando en comunidades de inmigrantes en todo California desde la elección del presidente Donald Trump.

“Durante este tiempo, cuando muchas de nuestras comunidades de inmigrantes son vulnerables, hemos escuchado demasiadas historias sobre el estado de los inquilinos inmigrantes que fueron atacados por ciertos propietarios inescrupulosos debido a su estatus”, dice el asambleísta David Chiu, D-San Francisco, autor de la AB-291.

Esta medida permitiría a los inmigrantes demandar por infracciones, con daños potenciales de seis a 12 veces su renta mensual, por inquilino.

La AB-450 prohibiría a los agentes de inmigración realizar redadas en los lugares de empleo sin una orden judicial.

Además evitaría que los empleadores divulguen la información de privacidad de los empleados, tales como el número de seguro social o su estado migratorio. La AB-450  también penaliza a un empleador por cooperar con las autoridades federales de inmigración si estas no muestran la orden judicial.

La SB-68 le permitiría a los adultos residentes legales o sin documentos de las escuelas de adultos y colegios comunitarios calificar para la matrícula en el estado a través de AB # 540, mejor conocida como el Acta de Sueños de California.

La AB 90 aseguraría la “limpieza” de CalGang, una base de datos administrada por la policía. Una auditoría realizada en 2016 reveló que esa base de datos posee información incorrecta que viola los derechos de privacidad de los californianos, entre ellos niños e inmigrantes indocumentados.

Por Selene Rivera | Hoy

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