Prisión preventiva a funcionaria que permitió fuga del exjuez peruano Hinostroza a España
Lima.- Un tribunal peruano dictó hoy 9 meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria de Migraciones Yheniffer Bustamante Moretti, acusada de haber ayudado al exjuez supremo César Hinostroza a fugarse de su país hacia España.
Yhenifferd Bustamante Moretti es acusada de haber ayudado en la fuga de César Hinostroza. ( Jhony Obregón)
La decisión fue tomada por el juez Eli Saldaña Navarro, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla, en la región norteña de Tumbes, informó el Poder Judicial en Twitter.
El fiscal Ausberto Iparraguirre, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, solicitó la medida mientras investiga a Bustamante por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y omisión de función.
Durante la audiencia de hoy, el fiscal señaló que la funcionaria no registró a Hinostroza e incluso colocó sus propios datos en su ordenador de control para evitar que se encendiera la alerta por el impedimento de salida del país dictado contra el exjuez.
Bustamante, de 33 años, se entregó este domingo a las autoridades en la ciudad norteña de Tumbes después de que se ordenara su captura al revelarse imágenes en las que se ve que permitió el 7 de octubre pasado la salida de Hinostroza hacia Ecuador, de donde éste luego siguió viaje hacia España y, finalmente, fue detenido.
La oficina de Migraciones despidió a la funcionaria de inmediato y la denunció ante el Ministerio Público ya que Hinostroza tenía una orden de prohibición de salida del país por presuntamente haber liderado una gran red de corrupción en la Judicatura.
Al respecto, el presidente del Poder Judicial peruano, Víctor Prado, explicó este miércoles que Hinostroza solo podrá ser extraditado de España cuando las autoridades de ese país “resuelvan” una solicitud de asilo que presentó antes de su detención.
Hinostroza, quien permanece en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue destituido e inhabilitado por 10 años por el Congreso, que además aprobó acusarlo penalmente por patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y organización criminal.
El exmagistrado presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y era el juez de mayor rango de “Los cuellos blancos del puerto”, una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en la que participaban también políticos y empresarios.
EFE
