Ratificada Fiscal de Perú solicita más recursos para lucha contra la corrupción e impunidad
Lima.- Apenas ratificada, la fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, pidió al gobierno más recursos para la lucha del ministerio público contra los graves problemas de la corrupción y la impunidad.
Tras ser elegida por unanimidad de los otros cuatro integrantes de la junta de fiscales supremos, Ávalos refirió que hace un mes pidió al Ejecutivo una ampliación presupuestal, sin haber recibido respuesta.
Añadió que confía en que la solicitud sea atendida, y advirtió que, de lo contrario, ‘la lucha contra la corrupción y la impunidad se va a quedar solamente en el tintero’.
Los fondos solicitados son necesarios para los grandes casos de corrupción que investiga el ministerio público y que involucran a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-18), Ollanta Humala (2011-16), Alan García (2006-11) y Alejandro Toledo (2001-06), así como líderes políticos y exfuncionarios de diversos niveles.
La fiscal, que asumió interinamente hace dos meses
fue elegida en forma definitiva para un mandato de tres años, presentó además un informe sobre la labor cumplida en los 60 días transcurridos como titular interina.
La jurista accedió al cargo por la renuncia de su antecesor, Pedro Chávarry, quien dimitió tras cuestionamientos por sus contactos con una red de corrupción judicial y por obstaculizar a la justicia e intentar favorecer a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori.
Fujimori se encuentra en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses e investigada por lavado de activos para ocultar fondos electorales aportados por la empresa brasileña Odebrecht a su partido, Fuerza Popular (FP).
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, saludó la elección de Ávalos porque ha desarrollado una labor responsable, aunque cuestionó que tres de los cinco integrantes de la junta de fiscales supremos que la eligieron sigan en funciones pese a estar involucrados en hechos ilícitos.
Se refirió así a Chávarry, investigado por el Ministerio Público, y a Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, señalados como el primero por sus contactos con el exjuez supremo César Hinostroza, cabeza de la red judicial corrupta, prófugo en España y en proceso de extradición.
Por Manuel Robles Sosa | Prensa Latina