Acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno colombiano un hueso duro de roer
Familiares de colombianos secuestrados por las FARC exigen que la guerrilla informe dónde están los rehenes y lamentan no participar con un representante en las negociaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes que se realizan en Oslo.
La posibilidad de que se selle un pacto que ponga fin a casi 50 años de lucha armada en Colombia mantiene a su sociedad a la expectativa, en una mezcla de sentimientos de esperanza y de escepticismo de que al fin se cierre una etapa que ha cobrado unas 600.000 vidas y causado el desplazamiento de 3,7 millones de personas y la desaparición de unas 15 mil.
El naciente proceso, apoyado por el 77% de la población, según recientes encuestas, es el primer intento en más de una década para buscar una solución política negociada para la cuarta mayor economía de América Latina, que podría aumentar entre el 1% y 2% anualmente del PIB del país si se alcanza un acuerdo de paz.
Gobierno y guerrilla convinieron durante meses de conversaciones secretas en La Habana (desde el 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió la presidencia) una agenda de cinco puntos a discutir: política de desarrollo rural, participación política, drogas ilícitas, fin del conflicto y víctimas. Esta agenda, a diferencia de las presentadas en anteriores negociaciones, ofrece por primera vez dejar las armas.
Las partes aún no se han marcado plazos para alcanzar un acuerdo, pero el presidente colombiano ha declarado que las conversaciones “se medirán en meses, no en años”, mientras la guerrilla insiste en que no se le debe poner un límite fatal.
El gobierno también ha descartado que durante los diálogos se decrete un alto el fuego a las FARC, fundada en 1964 por campesinos liberales que se adhirieron al marxismo liderado por Pedro Antonio Marín, más conocido como Tirofijo.
En la década del 80 llegaron a tener hasta 20.000 guerrilleros en 108 frentes desplegados en casi todo el país, incluso a las afueras de Bogotá. Ahora cuentan con 9.200 combatientes confinados en las zonas rurales más lejanas, luego de haber sido combatidas frontalmente en la última década por el gobierno apoyado por EE.UU. a través del Plan Colombia.
El grupo armado maneja métodos de combate que incluyen la guerra de guerrillas y asalto regular convencional, secuestros, actos terroristas, vinculación con el narcotráfico y el uso de armas no convencionales, como los cilindros bomba.
Para el politólogo León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, especializada en el conflicto armado, las FARC son hoy en día “la expresión de una fuerza marginal”. Señala que su apoyo en las zonas rurales “son los campesinos cocaleros y en las ciudades, los habitantes de las barriadas que no tienen cédula, que viven en lotes ilegales. No representan ya ni a sectores de la clase obrera ni de la clase media”.
Debilitada, ahora la guerrilla busca una salida política que debido a los fracasos de las anteriores negociaciones, al menos tres antes de que se concrete la actual en Oslo, persisten algunas dudas sobre cómo podrán resolverse dos de los temas más difíciles de los diálogos: el narcotráfico y el uso y tenencia de las tierras.
“Todos confiamos en el proceso y esperamos que sea exitoso, pero tenemos fundados motivos para pensar que el proceso plantea más preguntas que respuestas porque hay unos temas que son difíciles de superar”, dice Jaime Castro, analista político y exalcalde de Bogotá a inicios de la década del 90.
“En primer lugar, el relacionado con el narcotráfico. ¿Cuál va a ser la decisión de los negociadores?, porque es indiscutible que el tráfico de droga no va a desaparecer, va a continuar. ¿Qué van a hacer las FARC frente a eso? ¿Lo van a combatir, se van a retirar, van a entregar a las autoridades las rutas?, añade el analista.
“Lo mismo ocurre con el tema agrario… Es indiscutible que las FARC, en desarrollo del conflicto, han asumido el control de miles y miles de hectáreas. ¿Qué va a pasar con ese tema?; esas son las grandes interrogantes”, señala Castro.
El tema de la propiedad y tenencia de la tierra ha sido descrito comúnmente como uno de los factores que dio origen al conflicto armado interno en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios del gobierno del presidente Santos afirman que al menos dos millones les fueron quitadas a campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron dejadas por sus dueños por temor a la guerrilla, y entre 400.000 y 500.000 les fueron robadas al Estado mediante procesos fraudulentos en notarías y registros.
Entre las tierras abandonadas están las de miles de desplazados. “Por muchos años, la violencia en Colombia ha tenido varias caras. Y quizás la principal y la más dolorosa ha sido la del combate rural entre las FARC y el Ejército colombiano, porque se han visto en el medio de ello involucradas muchas personas que han terminado siendo desplazadas, fallecidas, que han perdido sus tierras”, manifiesta el politólogo Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.
De allí que el tema de cómo reparar a las víctimas y el castigo por los delitos de lesa humanidad es reclamado por activistas como uno de los puntos claves que deben tener las negociaciones. Reclamos que incluyen el paradero de miles de desaparecidos.
El narcotráfico es otro de los temas espinosos, ya que una de las fuentes de financiación de la guerrilla sería el cobro de impuestos a los cultivadores de coca. La tarea es titánica y muy compleja, señalan expertos.
“Si bien las FARC siempre aparecen como el gran actor involucrado en la producción y comercialización primaria de drogas ilícitas, hay muchos otros que están en el negocio”, afirma Saúl Mauricio Rodríguez Hernández, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y experto en relaciones militares.
Otro punto de la agenda es la participación política de los guerrilleros, un asunto que necesariamente llevará a recordar la experiencia de la Unión Patriótica (UP), el partido izquierdista creado en 1985 en virtud de un fracasado diálogo de las FARC con el Ejecutivo de Belisario Betancur y que fue casi exterminado con la muerte o desaparición de 4.000 de sus dirigentes y simpatizantes.
En tanto, la decisión del gobierno colombiano de no cesar las operaciones militares ni la actividad guerrillera de parte de las FARC, también tiene riesgos. “Si las comunidades en las zonas de conflicto no sienten que este se atenúa y ven, en cambio, que la crisis humanitaria continúa, entonces el apoyo social al proceso de paz disminuirá sensiblemente con el tiempo”, considera Javier Ciurlizza, director regional del instituto de análisis de conflictos Crisis Group.
Y los obstáculos no faltan en Colombia para lograr la paz, donde también opera otra guerrilla, el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 2.500 combatientes, así como bandas criminales compuestas por exparamilitares que no se desmovilizaron en el proceso que se llevó a cabo del 2003 al 2006.
Otra apuesta por la paz es que las autoridades deberán hallar opciones para la suspensión de las penas de cárcel para los guerrilleros presos (hay entre 2.000 y 3.000), según un estimativo de la ONG Colombianos y Colombianas por la Paz.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señala que “un acuerdo de paz no debe servir de pretexto para permitir la impunidad absoluta para todas las partes, incluidas las fuerzas militares. Proponer que los máximos responsables de los más graves delitos cometidos en Colombia se eximan de la prisión podría dar lugar a una investigación de la Corte Penal Internacional”.
Detalles: Grupo armado
Militantes
Un total de 2.927 menores de 18 años se han desvinculado de las FARC desde noviembre de 1999 hasta julio del 2012, según el estatal Instituto de Bienestar Familiar.
Violencia
La Fiscalía colombiana tiene documentados 466 secuestros entre 1988 y 2005, y 1.730 desaparecidos entre 1990 y el 2000. Todos atribuidos a las FARC.
Violaciones
Al accionar de la guerrilla se atribuyen cientos de casos de abuso sexual contra mujeres.
