Asamblea de Venezuela plantea destituir a Maduro para salir de la crisis

• La hostilidad abierta del Ejecutivo hará muy difícil realizar reformas de fondo
• Maduro considera que el desarrollo de la agricultura y la pesca serán las prioridades del Gobierno en unos momentos en los que el mundo sufre “una desestabilización total del mercado metrolero”

Los desplantes del chavismo frente a los anuncios del nuevo presidente de la cámara, Henry Ramos Allup, añaden más confusión al panorama político de Venezuela.

Se destruyen símbolos para marcar el fin de una época y el inicio de otra. Lo son la caída del Muro, el derribo de la estatua de Sadam Hussein y la izada de la bandera cubana en Washington. En Venezuela, los ojos del difunto Hugo Chávez están por todas partes, protegiendo vigilantes su revolución.

Sin embargo, esta semana los 112 diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) se instalaron en la Asamblea Nacional (AN) y retiraron los carteles del padre del socialismo del siglo XXI ante la ira de los 54 diputados chavistas.

Horas después, el alcalde del municipio Libertador de Caracas ordenó colocar imágenes de Chávez por todo el centro de la capital. La destrucción de un icono y su posterior rescate simbolizan el nuevo tiempo político que vivirá Venezuela: buena parte de lo que la Asamblea de mayoría opositora decida, el presidente Nicolás Maduro podrá vetar por medio de la sala constitucional del Supremo. Y viceversa.

El expresidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha anunciado que el Ejecutivo no va a promulgar ninguna ley de esta AN, como también indicó que a la cámara no le llegará “ni un céntimo”, después de que juraran sus cargos los tres diputados electos de la oposición en el Amazonas. “Ocurrió lo previsto, que iban a omitir la sentencia del Supremo. Ellos han violado la Constitución”, dijo.

Los resultados “adversos” de las elecciones, como reconoció Maduro, han obligado al chavismo a buscar soluciones en su desesperado intento por mantener las mismas políticas. Apoyado en la Ley Habilitante, aprobó decretos que iban dirigidos a restarle poder a la Asamblea: eliminar la potestad de la cámara para elegir los directores del Banco Central de Venezuela (BCV) y exigir información. También nombró a 13 nuevos jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La Asamblea es el centro de la democracia. Pero cualquier decisión adoptada podrá ser revisada por la Sala Constitucional. Es decir, la Ley aprobada por la cámara nunca será Ley, por decisión de la Sala Constitucional del TSJ”, escribió el profesor de Derecho administrativo en la Universidad Central de Caracas José I. Hernández, poco antes de las elecciones en el portal venezolano “Prodavinci”. Los desplantes del chavismo frente a los anuncios del nuevo presidente de la cámara, Henry Ramos Allup, añaden más confusión al panorama político de Venezuela.

Como telón de fondo, el precio del petróleo es el más bajo de la última década, las colas en los supermercados cada vez más largas, la pobreza está disparada y los homicidios continúan atemorizando a la población: una activista opositora fue asesinada hace unos días. “Desde la Asamblea sí se pueden hacer algunas cosas para reactivar la economía e incentivar la producción, pero para reformas de calado se necesita la colaboración del Ejecutivo”, opina el cronista político de “El Nacional” Franz von Bergen.

Los economistas consultados por ABC son más pesimistas. “No creo que la Asamblea pueda modificar el modelo productivo, solo iniciar un debate para cambiar las cosas a corto plazo, como la escasez, y a largo plazo acabar para siempre con el populismo. Ya no es posible un gobierno populista, el propio chavismo acabó con él por exacerbación”, apunta el director de Econométrica, empresa de asesoría económica, Ángel G. Banchs.

Una de las medidas económicas de la MUD consiste en institucionalizar la adjudicación de títulos de propiedad. “Esto es una reivindicación social más que económica, les da la libertad a estos individuos para que manejen estos activos puesto que son ocupantes de unas viviendas que no les pertenecen”, subraya el economista Leonardo Vera. Para estimular la producción y luchar contra la escasez pretenden acabar con la Ley del Precio Justo, por la que las empresas deben trabajar con unas ganancias determinadas por el Estado.

“Constitucionalmente tienen margen de maniobra para cambiar la economía, pero no en la práctica, es un país que está muy endeudado en un contexto de inseguridad jurídica: un empresario al que pueden expropiar en cualquier momento o a quien los trabajadores pueden arrebatarle la empresa no va a querer quedarse”, valora el analista político Xavier Reyes.

FIN A LA «PETRODIPLOMACIA»

Maduro busca combatir “la embestida de la derecha” y “fortalecer el tejido económico del país”. Para ello ha nombrado como nuevo ministro de Economía a Luis Salas, un sociólogo de la línea dura chavista que respalda su tesis de guerra económica. Anoche, el propio presidente anunciaba la puesta en marcha de reformas económicas y nuevos planes productivos cuyo objetivo era hacer frente a la “tormenta económica” y superar “el modelo rentista petrolero”.

En un acto televisado, Maduro anunció que el desarrollo de la agricultura y la pesca serán las prioridades del Gobierno en unos momentos en los que el mundo sufre «una desestabilización total del mercado metrolero”.

“El Gobierno no hace nada distinto, no quiere liberalizar los precios y su gran tragedia es no controlar el BCV”, opina Alexander Guerrero, consultor económico. Recuerda Vera que desde 2010 el Banco Central ha estado financiando el déficit de PDVSA para el pago de misiones y ahora se pretende legalizar este rumbo. El Banco Central ha estado financiando el déficit de PDVSA y la oposición quiere derogar el decreto de Maduro para acabar con su “petrodiplomacia”.

El Gobierno se resiste a reconocer el fracaso de su modelo, mientras que la nueva Asamblea lucha por rescatar la economía. Lo hace en un régimen donde la separación de poderes no existe. Unos promulgan decretos para debilitar a la Asamblea y los otros anuncian futuras leyes de amnistía.

Desde la alborotada grada de la Asamblea, entre los gritos de uno y otro bando, se pidió la amnistía para los presos políticos -son 76- la toma de posesión de los nuevos diputados. Sus excarcelaciones han sido prometidas por la MUD, que se apoyará en la mayoría de dos tercios para promulgar una ley de amnistía.

“Esta habría que remitirla al presidente, para que las promulgue en los 10 días siguientes, pudiendo hacerle observaciones. Pero en este caso no podría opinar sobre el contenido de la ley porque la amnistía es una competencia política, privativa y exclusiva de la Asamblea”, asevera Rafael Badell, doctor en Derecho. Más difícil será derrocar a Maduro: la Asamblea Nacional “no tiene la competencia para convocar el revocatorio pero puede iniciar los trámites”.

La guerra de poderes definirá el nuevo tiempo de Venezuela. Retirar la mirada omnipresente de Chávez va más allá de una declaración de intenciones.

CLAVES DE LA GUERRA DE PODERES

Por Rafael Badell, doctor en Derecho y socio fundador del despacho de abogados Badell & Grau

- Cesar a Maduro en seis meses

“El referéndum revocatorio debe ser solicitado mediante firmas por el 20% del electorado (3.780.873 electores). La Asamblea Nacional no tiene la competencia para convocar el revocatorio pero puede iniciar los trámites”.

- Amnistía de los presos políticos

“Esta ley habría que remitirla al presidente para que la promulgue en los 10 días siguientes, pudiendo hacer observaciones. En este caso no podría opinar sobre el mismo porque la amnistía es una competencia exclusiva de la AN”.

- Derogar el decreto del BCV

“La designación de los directores del Banco Central de la Asamblea es de rango constitucional (Disposición Transitoria Cuarta, numeral 8), así que bastará con dictar una nueva Ley para que la AN recupere su facultad constitucional”.

- Suspensión de cuatro diputados

“Según la Constitución. la inmunidad parlamentaria es una garantía de autonomía de las funciones legislativas respecto de los otros poderes. Se inicia desde la proclamación por parte del órgano electoral hasta la conclusión del mandato”. ABC

POR F. J. CALERO