Defensores de Dream Act critican ante el Senado ley antinmigrante de Arizona

El senador demócrata Richard Durbin, uno de los promotores del Dream Act.

Detractores de la ley antinmigrante del estado Arizona expusieron ante el Senado, los perjuicios que puede representar esa legislación para los jóvenes indocumentados en el país y defendieron, en cambio, iniciativas como el Dream Act, que busca su legalización bajo ciertas condiciones.

Así lo expuso el senador demócrata Richard Durbin, uno de los promotores del Dream Act, en una audiencia en el Comité Judicial del Senado que analizó la ley SB1070 de Arizona, la primera en el país en criminalizar a los indocumentados, en la víspera de una vista en la Corte Suprema, que deberá decidir sobre el futuro de la norma.

Durbin alegó que aquellos jóvenes que han crecido y se han educado en territorio estadounidense, “aquellos que se llaman a sí mismos soñadores”, podrían ser criminalizados bajo leyes como la de Arizona, “causando un gran perjuicio al país” en materia humana y económica.

El “Dream Act” es una medida que busca la legalización de estudiantes indocumentados que se inscriban en las Fuerzas Armadas o completen al menos dos años de estudios universitarios.

El Senado bloqueó en diciembre de 2010 esta iniciativa -que los republicanos ven como una “amnistía” inmerecida para quienes entran ilegalmente al país- y los demócratas volvieron a presentarla en mayo de 2011, pero por el momento no ha logrado avanzar.

En la reciente audiencia el principal impulsor de la ley en Arizona, Russell Pierce, esgrimió sus argumentos contra iniciativas como el Dream Act y contra la inmigración ilegal, en general.

“He visto el costo real y el daño causado por la presencia de extranjeros ilegales en este país. En Arizona, el costo anual del problema de la inmigración ilegal es de aproximadamente 2.600 millones de dólares, sólo para educar, medicar y encarcelar”, dijo el ex senador estatal.

“Cuatro de los cinco líderes del ataque del 11-S violaban nuestras leyes de inmigración, tuvieron contacto con la policía y no fueron arrestados”, insistió.

El Supremo deberá decidir sobre el futuro de la ley antinmigrante de Arizona y sobre la facultad que tienen los estados para promulgar sus propias leyes migratorias, competencia del Gobierno federal.

Al igual que con el litigio sobre la reforma sanitaria, el Supremo puede reafirmar la SB1070, anularla por completo, o dejarla en pie pero solo en partes.