Gobierno de Ollanta Humala afronta un camino escabroso en el país
El presidente peruano afronta más de 220 conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo.
Estos son los que dejaron el protagonismo oficial desde que fueron separados de los cargos expectantes, que ocuparon desde un comienzo en el gobierno, precisamente, por las contradicciones internas y no haber dado muestras de coherencia política con la “hoja de ruta” en el campo práctico.
Ahora, “los caviares” presionan al presidente Humala -desde el terreno del “Colectivo Ciudadanos por el Cambio” con el ex premier Salomón Lerner, como miembro prominente- a “que cumpla los primeros compromisos electorales de la gran transformación”.
Persisten más de 220 conflictos sociales por resolver, según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de carácter socio ambiental que eludieron los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García en su momento. “Para qué hacerse problemas” habría dicho cada quien, dejando que otro se encargue de la “papa caliente”.
CONGA SI VA, PERO…
El problema del proyecto Conga de la minera Yanacocha en Cajamarca sigue latente, con visos de desborde social si no se aplica con destreza las recomendaciones del peritaje internacional de dicho proyecto, que ha despertado mayor recelo de los pueblos afectados y no la tranquilidad que se suponía con dicho informe.
Humala ha declarado que es posible la ejecución del proyecto Conga previa regulación de aspectos sustantivos que contiene el informe del peritaje, que la empresa Yanacocha debe cumplir. Aun así, es probable que resurja mayor oposición de los pobladores ante esa perspectiva, pues consideran que el gobierno ha conculcado sus derechos con la tácita aceptación unilateral de la ejecución del proyecto, sin tener en cuenta sus exigencias, como la no desaparición de las cuatro lagunas que proveen de recurso hídrico a los pueblos aledaños, entre otros.
Es posible -como ya anunciaron los cajamarquinos- que este tema trascienda a ámbitos internacionales dentro de poco, si el equipo técnico del Ejecutivo no logra persuadir y convencer a los dirigentes a colaborar en lugar de oponerse.
En esa misma dirección, la minería informal de Puno, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho y otras regiones, no avizora solución alguna, excepto el proyecto de ley que el Ejecutivo envió recientemente al Congreso, creando una organización responsable encargada de formalizar esta actividad, que cuesta al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales millones en impuestos no pagados y genera contaminación ambiental y destrucción de la naturaleza.
Se plantea que la entidad a crearse trabajará con los gobiernos regionales para la legalización de un promedio de 100 mil mineros informales en el Perú.
El problema del proyecto Conga de la minera Yanacocha en Cajamarca sigue latente, con visos de desborde social.
VRAE CANDENTE
Los acontecimientos negativos vienen confabulándose uno tras otro, poniendo en aprietos al gobierno de Humala y creando zozobra en la población. De pronto, el derrumbe que atrapó a nueve obreros de la minera informal “Cabeza de Negro”, en Ica, alarmó al país por varios días. Afortunadamente, después de un intenso trabajo los obreros fueron liberados.
Simultáneamente, con el hecho anterior, otra noticia ingrata llenó las portadas de los diarios limeños: más de una treintena de trabajadores de la empresa Skanska, operadora del Gas de Camisea, fueron secuestrados en el poblado de Kepashiato, distrito de Echarate, en Cusco, por una facción “narcoterrorista” de Sendero Luminoso.
El cabecilla “camarada Gabriel”, pidió a la empresa un rescate de 10 millones de dólares y un millón de dólares mensuales, armas y otros equipos, aunque según fuentes cercanas a los sediciosos, el objetivo habría sido un alto ejecutivo de la empresa, que en esos días visitaba dicho lugar, quien momentos antes de concretarse su secuestro, habría logrado huir acaso por alguna secreta confidencia o por simple azar de las circunstancias. Lo cierto es que los obreros “pagaron el pato”.
Conocido el hecho, fuerzas combinadas de la Policía Nacional y del Ejército entró en acción decididas a liberar a los cautivos, aunque aparentemente de manera improvisada y sin estrategia dado lo delicado del caso, cayendo como primera víctima del ataque terrorista la capitana PNP, Nancy Flores, cuando el helicóptero en que sobrevolaba con otros compañeros fue derribado en la espesura de la selva.
Posteriormente, se supo que los sub oficiales César Vilca, Luis Astuquillca y Landert Tamani, compañeros de Nancy Flores, también perdieron la vida, el primero abatido junto al helicóptero y los dos últimos desaparecidos, que por declaración del cabecilla “Gabriel” al diario La República, habrían sido asesinados.
Después de cinco días de tensión, los 36 trabajadores fueron liberados por sus captores, a las 4:00 de la mañana del día 14 de abril, quienes después de siete horas de caminata por la selva, llegaron al poblado de Kiteni, donde fueron auxiliados por los lugareños.
El camarada “Gabriel”, cabecilla de la facción de Sendero Luminoso que opera en la región del VRAE, recientemente desafió al gobierno con el secuestro de 36 obreros.
¿PAGARON EL RESCATE?
La repentina liberación de los trabajadores -sin daños ni maltratos según propia confesión- se prestó a muchas especulaciones ante la declaración de los ministros de Defensa y del Interior, negando pago alguno por el rescate. Por su parte, funcionarios de Gas de Camisea negaron, también, haber pagado a los secuestradores.
Sin embargo, ante la divulgación de un audio, donde se escucha negociar la liberación de los secuestrados entre un representante de la empresa Skanska y un terrorista, que conmina con voz enérgica “¡Exigimos a que cumplan! ¡Queremos que cumplan!”, diversos analistas coincidieron en señalar que “es casi seguro que la empresas del Gas de Camisea haya pagado el rescate para evitar la tragedia que podría afectar, a la vez la imagen de la compañía”, motivando que los terroristas dejaran libres a los trabajadores ante la sorpresa de los mismos retenidos.
Se supo del incremento de 1,500 efectivos del contingente militar y policial en el Valle del río Apurímac y Ene -VRAE- con la orden de capturar al “camarada Gabriel” y a todos sus secuaces, que tienen sus dominios en ese sector, no obstante, las críticas a los altos mandos del Ejército por enviar al VRAE personal inexperto y sin conocimiento del terreno.
El propio ministro de Defensa, Alberto Otárola, admitió en una entrevista que “ver la imagen de ‘Gabriel’ en la prensa fue un golpe para nosotros”, refiriéndose a un amplio reportaje periodístico logrado cara a cara con el terrorista.
LO IMPORTANTE ES AVANZAR
“Para avanzar, hay que vencer los obstáculos”, se dice. Lo meritorio de este gobierno es -a diferencia de sus antecesores Alejandro Toledo y Alan García, que optaron por “dejar hacer, dejar pasar” buscando comodidad- precisamente, desde muy temprano está dando cara a los serios problemas del país.
En este proceso, lo importante es solucionar los males en el camino, aquellos que período tras período fueron quedando como lastres, obstaculizando el desarrollo: desorden minero, informalidad, evasión tributaria, narcotráfico, subversión y violencia, entre otros, que en este gobierno emergieron con fuerza.
El Perú exige de sus políticos mayor responsabilidad y compromiso con la gobernabilidad del país. Es necesario establecer los parámetros frente al terrorismo y el narcotráfico, reordenar las reglas de juego con las empresas que explotan los recursos naturales: gas, minerales, petróleo, madera, pesca, poniendo fin al trato desigual con el país y combatir la corrupción en el sector público.
SIXTO EDUARDO CANCHANYA
secanchanya@peru.com
