La ex fiscal de Venezuela solicita la detención de Maduro a la Corte Penal Internacional
- “Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque generalizado contra la población civil”, dijo Luisa Ortega
- Presos de ida y vuelta en Venezuela
Ortega confesó que su presencia en La Haya se debe a que en Venezuela es imposible conseguir justicia.
“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar”. La fiscal general venezolana Luisa Ortega acudió ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para solicitar una orden de detención contra el primer mandatario, al que culpa de ser el principal responsable de asesinatos, torturas, encarcelamiento y “un ataque sistemático contra la población civil”. Ortega lo resumió de forma descarnada: “Un plan de limpieza social”.
“Deben pagar por el hambre y la miseria a la que han sometido al pueblo de Venezuela”, añadió la fiscal rebelde, tras presentar ante la CPI más de mil elementos probatorios, entre los que incluye reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas. Ortega fue una estrecha colaboradora del líder bolivariano Hugo Chávez. Comenzó a ser perseguida en abril pasado, tras denunciar la ruptura del orden constitucional fraguada entre la Presidencia y el Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional Constituyente la destituyó de forma ilegal antes de huir al exilio.
La antigua jefa del Ministerio Público denunció también a los cuatro oficiales más poderosos de la cúpula militar revolucionaria, empezando por el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y comandante de la Misión Abastecimiento, que mueve miles de millones de dólares. Los otros militares señalados son Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Antonio Benavides, actual jefe del Gobierno del Distrito Capital y comandante de la Guardia Nacional durante la ola represiva de este año. Para todos ellos también solicitó su captura.
“Estamos felices, los soldados y soldadas, porque hay elecciones en Venezuela”, respondió el general Padrino a través de un vídeo en redes sociales.
Las cuentas de la fiscal causan asombro: entre 2015 y 2017 se contabilizan 8.920 muertes a manos de funcionarios militares y policiales que cumplían instrucciones del alto gobierno, incluidas las polémicas Operaciones Libertad del Pueblo (OLP), denunciadas antes por los organismos de derechos humanos. En las autopsias se evidencian “disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas”, detalló la fiscal, perseguida política de Caracas que recorre el mundo para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El informe incluye denuncias de ejecuciones, 17.000 detenciones arbitrarias, cientos de torturas. Ortega confesó que su presencia en La Haya se debe a que en Venezuela es imposible conseguir justicia.
“El éxito de la acusación ante la CPI hecha por Luisa Ortega depende de la calidad del acervo probatorio consignado, si no sería un bluff”, valoró Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
También mirando a La Haya se reunió ayer en tercera ronda de sesiones la Organización de Estados Americanos (OEA). La organización panamericana pretende determinar si la situación venezolana también merece ser remitida a la CPI.
Los embajadores americanos volvieron a escuchar testimonios escalofriantes de las víctimas de la rebelión popular desatada este año. “A mi hijo no lo asesinaron con una pistola de pernos como dijo falsamente el gobierno, sino con una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana a corta distancia”, describió José Pernalete, padre del estudiante asesinado Juan Pablo Pernalete. La revolución quiso usar este caso como parte de su propaganda contra las protestas, pero la propia fiscal Ortega la desmintió con sus investigaciones.
“Hemos logrado que la comunidad internacional vea cómo está sufriendo Venezuela”, resumió ayer Stalin González, jefe del grupo parlamentario opositor.
La crisis venezolana ha saltado hace tiempo sus fronteras para discutirse en distintos escenarios internacionales. Incluso en Moscú, cuyo gobierno ha respaldado en las últimas horas los avances bolivarianos en el pago de la deuda externa, se produjo ayer un rifirrafe diplomático entre el canciller ruso y el argentino. Serguei Lavrov respondió a Jorge Faurie calificando de intentos injerencistas “absolutamente irresponsables e inaceptables” de países obligando a que la oposición tome posiciones “irreconciliables”.
Otro espaldarazo horas después de que Venezuela mostrara otra vez su apoyo al anciano dictador Robert Mugabe, su gran aliado africano ahora en graves aprietos.- El Mundo
DANIEL LOZANO
