Por un Consejo Nacional de la Magistratura de Perú libre de corruptos
Urge una reforma profunda y no solo parches cosméticos
El principal objetivo de la mafia de abogados, empresarios, jueces y fiscales de los “Cuellos blancos del Puerto” ha sido la venta de servicios judiciales para el lavado de activos provenientes de actividades económicas ilícitas (narcotráfico, evasión tributaria, minería ilegal, contrabando u otras).
Origen de la Corrupción Actual
La corrupción que ha infectado las cortes, la fiscalía y tiene vínculos políticos en este Congreso ha surgido de un Estado diseñado en la constitución neoliberal de 1993 para ser un Estado débil, que no planifica, que apenas supervisa, que no fiscaliza, que cedió sus controversias judiciales con empresas a fueros judiciales internacionales o sistemas de arbitraje nacionales e internacionales amañados.
La Constitución fujimorista diseñó un Estado a la medida de grandes intereses económicos que no satisfechos con la debilidad de ese Estado, encima corrompen a sus funcionarios para hacer grandes negocios, allí está Odebrecht, las demás empresas brasileñas y sus consorciadas las empresas del denominado “Club de la Construcción”.
En este marco, el principal objetivo de la mafia de abogados, empresarios, jueces y fiscales de los “Cuellos blancos del Puerto” ha sido la venta de servicios judiciales para el lavado de activos provenientes de actividades económicas ilícitas (narcotráfico, evasión tributaria, minería ilegal, contrabando u otras).
Debido a que, para el Frente Amplio, la corrupción es estructural, está instituida, es preciso fortalecer el Estado para que pueda servir al bien común, para que su acción esté libre del sometimiento a los grandes intereses económicos, que se pueda recuperar la soberanía nacional en la administración de justicia y haya más mecanismo de transparencia y de control ciudadano para lo cual es preciso tener una nueva Constitución. Por eso, hemos demandado al presidente Martín Vizcarra que su energía para demandar celeridad al Congreso en el referéndum se dirigiera la convocatoria a un referéndum para una Nueva Asamblea Constituyente y una nueva Constitución y no quedarse en intervenciones de cirugía menor para enfrentar a una corrupción que en realidad requiere una cirugía mayor. En esto no hay que engañar al pueblo.
Es importante la reforma de justicia y política, pero no bastan 4 leyes
No se puede engañar al pueblo que con las 4 leyes propuestas por el Ejecutivo y el llamado a un referéndum sobre ellas y no sobre una Nueva Constitución se va a resolver la gravedad de la crisis planteada por la corrupción.
Sin embargo, los proyectos de ley apuntan a algunos temas sensibles como la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre el que es impostergable legislar ya que actualmente no hay organismo que evalúe, ratifique o sanciones a jueces o fiscales que delincan.
El Frente Amplio aboga por eso, por algunos conceptos políticos y jurídicos fundamentales que he expuesto en el debate del Pleno del Congreso de hoy sobre el CNM:
1. La justicia no es, no puede limitarse a profesionales del derecho. El anterior diseño del CNM no falló porque tuviera una importante participación de sociedad civil, sino por la falta de mecanismos de elección transparente y meritocrática. En este sentido, la propuesta del presidente Vizcarra da marcha atrás y restringe la participación de la sociedad civil en la nueva conformación del CNM cuando se podía y debía haber avanzado más en el reconocimiento de la participación en el CNM de un representante de los gremios de los trabajadores y un miembro de los gremios empresariales. Circunscribir la justicia al gremio de los abogados es olvidar que, si bien la corrupción no es atribuible a esta profesión, la realidad muestra que han sido los profesionales del derecho los que más graves imputaciones de corrupción tienen. Son profesionales del derecho los Hinostroza, los Ríos, los Aguila, los Chavarry.
2. La justicia en el Perú tiene una dimensión intercultural. El Frente Amplio ha sostenido que no solo debía mantenerse el anterior diseño del CNM sino que además, debido al carácter intercultural de la justicia peruana (artículo 149 de la Constitución), la conformación del CNM debía considerar entre sus miembros un representante de los pueblos indígenas y afro peruanos, lo cual se facilita al disponer actualmente de la información del censo de autoidentificación realizado por el INEI.
3. La participación equitativa de mujeres en el CNM es fundamental, más aún cuando las jerarquías de las diversas instituciones del Poder Judicial están históricamente conformadas mayoritariamente por hombres, que usan códigos jurídicos positivizados en una cultura patriarcal y machista, y peor aún, cuando como vemos luego aplican, muchas veces, la ley de manera discriminatoria contra las mujeres como lo estamos viendo en el tratamiento de las violaciones sexuales y, en general, en caso de violencia contra las mujeres. Una tal institución encargada de evaluar, nombrar y ratificar jueces y fiscales no debe prescindir de la participación equitativa de mujeres magistradas. Esto no se opone al criterio meritocrático, pero lo reordena: las mujeres del derecho mejor calificadas, (si en el concurso público fueran calificadas en posiciones después de hombres del derecho) debiera poder activarse el mecanismo de mandato de posición que permitiría que el CNM tuviese una participación equilibrada de consejeros hombres y mujeres. Siendo así, en la actual propuesta del dictamen de la Comisión de Constitución, al menos permitiría asegurar que de 7 consejeros, 3 puedan ser mujeres, que serían designadas de entre las mujeres de derecho mejor calificadas, pues no se trata de exonerarlas de altas exigencias académicas y profesionales que muchas de ellas con seguridad tienen.- LaMula.Pe
Marco Arana Zegarra
Congresista de la República
