San Francisco gana batalla legal contra Casa Blanca por política inmigratoria
SAN FRANCISCO.- El juez federal estadounidense William Orrick dictaminó hoy viernes que la asignación de fondos estatales no puede vincularse a la cooperación en materia inmigratoria y dio así la razón a la ciudad estadounidense de San Francisco en su batalla legal contra la Casa Blanca.
La sentencia, dictaminada por el juez William Orrick, del Tribunal del Distrito Norte de California, establece que la normativa sobre las ciudades santuario es legal y exige al Departamento de Justicia que entregue a California los 28 millones de dólares que les fueron retenidos.
El pasado 11 de agosto, el fiscal general de la ciudad, Dennis Herrera, interpuso una demanda junto con el fiscal general del estado de California, Xavier Becerra, después de que el presidente Donald Trump amenazase con negar a las fuerzas del orden de San Francisco y otras ciudades santuario las subvenciones para seguridad del año fiscal 2017 si no cooperaban en la aplicación de la política inmigratoria federal.
Sin embargo, la sentencia, dictaminada por el juez William Orrick, del Tribunal del Distrito Norte de California, establece que la normativa sobre las ciudades santuario es legal y exige al Departamento de Justicia que entregue a California los 28 millones de dólares que les fueron retenidos.
“Nos satisface que la corte haya reconocido que las leyes y políticas de San Francisco en lo relativo a ciudades santuario cumplen la ley federal”, dijo Herrera tras conocer la sentencia.
Afirmó que el intento del Gobierno federal de imponer condiciones a las subvenciones destinadas a seguridad es “inconstitucional”.
Los fondos paralizados proceden del programa Edward Byrne, creado por el Congreso y ha sido concedido durante más de 30 años.
San Francisco y otras ciudades santuarios han desestimado las órdenes de la Casa Blanca, que exigen a las fuerzas del orden público locales cooperar con las federales en las redadas contra los inmigrantes indocumentados.
Las ciudades santuario consideran que este tipo de cooperación haría que muchos ciudadanos se lo pensasen dos veces antes de informar sobre crímenes a la policía por temor a ser interrogados sobre su estatus migratorio.
“No hay ninguna ley que exija a los Gobiernos locales ni estatales participar en la aplicación de la ley en cuanto a inmigración”, dijo Herrera. La policía y los bomberos de San Francisco, advirtió, “no van a ser convertidos en la fuerza de deportación de la administración de Trump”.
San Francisco, añadió, utilizará los fondos Byrne para propósitos de seguridad importantes, como programas para reducir la reincidencia o capacitar a la población con menos recursos.
Por Xinhua
