¿Se justifican las protestas? El impacto social de la explotación minera en el Perú

Mientras el empresario colma sus arcas, los pueblos vecinos a los yacimientos quedan pauperizados, con una ecología destruida e irrecuperable.

Si no tuvieran la seguridad de sacar provecho fácil y en grande, las empresas mineras no insistirían tanto en su empeño, de usufructuar los yacimientos aún contra la fuerte oposición social, como viene ocurriendo en el Perú.
Comunidades de Ancash, Puno, Cusco, Cajamarca, Puerto Maldonado y otros levantan la voz de reprobación contra las empresas mineras, porque ocasionan serios daños a la ecología, a la salud y al agua. El agua adquiere valor significativo para los pueblos aledañas que viven, mayormente, de la agricultura y ganadería, y sienten la necesidad de defender la salud humana, muy venido a menos en esas regiones.
El poblador común tiene su propia apreciación de los problemas en los yacimientos mineros, a cuyo ámbito pertenece su existencia familiar y comunal desde sus ancestros. Antaño se mantuvo callado y prudente, pero ahora el campesino se da valor para protestar al ver que su continuidad peligra a causa de las peripecias que afrontan. La intuición interpretativa de los pobladores sobre el problema minero está resumida en este reportaje y así lo entienden ellos.
“La historia de las empresas mineras, sostienen, está llena de hechos negativos para el país; mientras el empresario colma sus arcas con ingentes ganancias año tras año, los pueblos vecinos a los yacimientos quedamos pauperizados, con una ecología destruida e irrecuperable y la población enferma por generaciones”.
¿Por qué tanto daño? Sería arduo, explican, buscar los orígenes de esta deplorable realidad, cuyo resultado acaso causaría a los peruanos mayor indignación que orgullo. En todo esto, mucho tienen que ver los políticos y gobernantes que actúan tentados por las prebendas de las grandes empresas.
Hasta el financiamiento de campañas electorales encandilaron a los postulantes a presidente, diputado o senador (luego congresista) que con tamaño ‘apoyo’ llegaban a ocupar el ansiado cargo en el gobierno, para promover desde allí leyes que protegían a los empresarios, a quienes devolvían el favor a costa de las deplorables consecuencias para el país.
Los incentivos y demás beneficios otorgados hace tiempo a la empresa (regalías, estabilidad tributaria y simplificación administrativa) significaban entregar las minas a cambio de regalías irrisorias y contratos arbitrarios ampliados a gusto del empresario, que ahora se incomoda cuando se le exige reglas claras y equilibradas.

SUCEDE IGUAL CON OTROS RECURSOS

Antaño se mantuvo callado y prudente, pero ahora el campesino se da valor para protestar al ver que su continuidad peligra a causa de las peripecias que afrontan.

Después de la bonanza, los ex gobernantes, con abultadas cuentas bancarias y demás comodidades, disfrutaban de la hospitalidad de sus benefactores, mientras el país quedaba a expensas de otras empresas ávidas de sus recursos a cambio de muy poco. Este trato adverso no fue solo de las empresas mineras que tuvieron carta blanca con los sucesivos gobiernos, sin la debida recompensa económica al país ni el control honesto, protección ambiental o de la salud humana.
Con el petróleo sucede igual –es emblemático el caso de La Brea y Pariñas y la IPC (International Petroleum Company) en Talara, Piura, recuperado y nacionalizado por el presidente Juan Velasco Alvarado en 1968- en cuyo ámbito la discriminación y el maltrato a los lugareños a nadie importó por muchos años, porque las autoridades carecieron de mando para ordenar las cosas, pero sí la empresa exigía protección para sus intereses “en cumplimiento de la ley”.
Esa ominosa etapa de explotación desde 1914, fue por el sometimiento de sucesivos gobiernos ante la IPC, de capitales canadienses y norteamericanos, a quien incluso pedían “prestado” dinero en situaciones críticas “a cuenta de las regalías”.
Recientemente, el caso Bussines Track (BTR) desmanteló otro escándalo del negociado petrolero, entre políticos cercanos al gobierno de Alan García, que originó la caída del gabinete de Jorge Del Castillo. La justicia investigará ahora al propio García y sus ministros cercanos, por las evidencias en el vergonzoso hecho delictivo.
El gas de Camisea (Cusco) es el nuevo negocio en marcha. No se sabe si beneficie realmente a los peruanos -dueños del recurso- por la forma como se viene manejando. Por lo pronto, la empresa tiene un plan priorizado para la venta del gas a otros países, sin haber atendido aún la demanda interna, aunque anuncia con guasa de mal gusto que “el gas llegará a 400 mil familias en todo el país en cuatro años”.
¿No será una tomadura de pelo para el Perú de 30 millones de habitantes? Hace poco el presidente Ollanta Humala declaró que el Lote 88 de Camisea se ha “recuperado” para el mercado interno, en un esfuerzo por cumplir su programa de gobierno ¿Será cierto?

INVERSION Y ¿DESARROLLO?

Se dice que el país necesita de la inversión privada para su desarrollo, teoría que surgió con persistencia desde el sector pudiente, que buscó convencer a los gobernantes aceptar sus propuestas y reglas de juego, insinuando que el país, con ingentes recursos naturales, tiene la garantía de obtener en poco tiempo y en el marco de la legalidad su desarrollo, pero en la práctica sucede todo lo contrario.
Los viejos trabajadores recuerdan que las inversiones mineras en el Perú iniciaron las primeras décadas del siglo pasado. En Cerro de Pasco comenzó en 1905 y en La Oroya (Junín) el complejo metalúrgico en 1922. En los ’90 se otorgaron muchas concesiones: de cobre en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna), Cerro Verde (Arequipa) y Tintaya (Cuzco). Marcona (Ica) con hierro y San Rafael (Puno) estaño. El oro, Yanacocha y Sipán (Cajamarca), Pierina (Ancash) y Santa Rosa (La Libertad), entre otras.
Empresas extranjeras como Newmont Mining Corporation, Barrick Gold Corp., Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., BHP-Billiton Plc. y Teck-Cominco Ltd., vienen operando unas asociadas a otras, bajo la protección de la legislación minera.
Sin embargo, se preguntan, en tantos años de explotación, ¿qué tipo de desarrollo vemos en el Perú, aparte del empresario, como resultado de la minería? ¿En qué lugar puede mostrarse la población orgullosa de la participación de alguna empresa a favor de su bienestar, más allá de algún apoyo ocasional?
“La realidad es lamentable en esos lugares, que hasta los ríos de cause amarillento ofrecen peligro a quienes puedan emplearlos y la vegetación, antaño abundante, son míseras muestras que languidecen por la contaminación”, sostienen con pesar.
Hasta la fecha, ¿qué ha ganado el Perú con la minería? Como país, aún nada, excepto ser consumidor y contribuyente por los productos transformados de su propio mineral. Con mucha presión se ha logrado desde hace poco el exiguo aporte voluntario de las empresas que algunas ni cumplen, como canon minero.
Los recursos naturales perecibles -mineral, gas, petróleo, agua- son valores que el país y los gobernantes, sin regionalismos ni posturas políticas, tienen la obligación y el derecho de cautelarlas, porque constituyen la garantía consagrada al verdadero desarrollo y bienestar de todos los peruanos. No el botín de unos cuántos inescrupulosos.
Las encendidas protestas sociales, con pérdida de vidas humanas, han de servir a que las empresas explotadoras realicen los estudios de impacto ambiental con mayor responsabilidad y asuman los riesgos contra la salud humana y la naturaleza, aportando de manera equitativa a sus beneficios económicos el valor por los minerales que obtienen de nuestras tierras”, demandan con firmeza los pobladores.
Asimismo, esperan que las relaciones empresa-país en el campo minero sean producto de la equidad y el respeto del capital por la vida humana y la protección a la naturaleza, como parece ser ahora la visión del gobierno de Ollanta Humala. “¡No al abuso del dinero!”, reiteran tajantes los vecinos de los yacimientos mineros.