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Published On: Dom, sep 16th, 2018

Alan García y Keiko Fujimori enfrentan acusaciones de corrupción en Perú

Lima.- El expresidente de Perú Alan García volvió esta semana a ser objeto de acusaciones de corrupción, mientras su aliada tácita, la líder neoliberal Keiko Fujimori, aguarda un fallo judicial sobre su pedido de que la fiscalía deje de investigarla.

García, quien enfrenta denuncias de enriquecimiento ilícito entre otras, como secuela de sus dos gobiernos (1985-90 y 2006-11), mientras que Fujimori es señalada que su partido defiende al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, señalado como miembro de una red judicial de corrupción, para que este le garantice salir inmune de las pesquisas. Foto Google.

García, enfrenta denuncias de enriquecimiento ilícito entre otras, como secuela de sus dos gobiernos (1985-90 y 2006-11), mientras que Fujimori es señalada que su partido defiende al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, señalado como miembro de una red judicial de corrupción, para que este le garantice salir inmune de las pesquisas. Foto Google.

García, quien enfrenta denuncias de enriquecimiento ilícito entre otras, como secuela de sus dos gobiernos (1985-90 y 2006-11), se libró de que el Parlamento lo denunciara por violaciones legales en un contrato con la empresa brasileña Odebrecht, por la que esta pagó sobornos a funcionarios de su último gobierno.

Aunque García y Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular tiene mayoría en el Congreso de la República, niegan ser aliados, por lo general coinciden en el Legislativo, donde se unieron para salvar al exmandatario de la acusación.

Dos parlamentarios fujimoristas y uno del Partido Aprista, de García, votaron lo que algunos medios de prensa llaman blindaje, en la votación registrada en la comisión legislativa que investigó los sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos.

Sin embargo, insisten en acusarlo dos congresistas que votaron por incluir la imputación por los delitos colusión y negociación incompatible y también lavado de activos porque registra desbalance patrimonial -indicios de mayor riqueza que la justificada legalmente- en los años 2012 y 2013.

Los legisladores Víctor García Belaúnde, centrista, y Gilbert Violeta, del partido de gobierno, anunciaron que pedirán que el Ministerio Público investigue al expresidente Alan García y los cargos se relacionan con dos contratos con Odebrecht para la construcción de dos tramos del Tren Eléctrico de Lima.

Odebrecht ha reconocido que pagó más de ocho millones de dólares por esas obras y depositó el dinero en cuentas en el exterior, abiertas por un viceministro y otros funcionarios menores que se repartieron una parte, pero dejaron intocada el grueso del dinero.

Los detractores de García sospechan que el destinatario de la coima era él, quien lo niega con solemnidad y proclamas de inocencia y de ética, pese a que la percepción ciudadana lo considera uno de los exgobernantes más corruptos.

García Belaúnde y Violeta revelaron que la presidenta fujimorista de la comisión investigadora, Rosa Bartra, ocultó un informe de los asesores técnicos del grupo y presentó otro que excluye a García. Ella solo alega que el texto final lo aprobó la mayoría.

El informe descartado señala que García y quien entonces era ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, dictaron normas que crearon las condiciones para que los funcionarios, actualmente detenidos, pactaran los sobornos con Odebrecht a cambio de que sea favorecida.

Entretanto, Keiko Fujimori entró en un compás de espera del fallo de la Corte Suprema al denominado recurso de casación, que apunta a que el tribunal revoque un fallo anterior que rechazó su apelación contra la decisión del fiscal José Pérez, de investigarla por 36 meses más.

El tribunal de la suprema anunció que dictaminará el 11 de octubre, tras escuchar ayer los alegatos de la fiscalía y la defensa de Fujimori y su esposo, también involucrado, así como la cúpula del partido fujimorista Fuerza Popular.

El Ministerio Público señaló que los indagados pretenden buscar impunidad bloqueando las pesquisas referidas a lavado de activos por el uso de millonarios fondos de oscuro origen enmascarados, según la fiscalía, como producto de la recaudación obtenida con actividades sociales.

La hipótesis de la fiscalía señala que por esa modalidad se habría lavado (legalizado) al menos un millón 200 mil dólares aportes de la empresa Odebrecht a Keiko Fujimori, confirmados por la firma y negados por ella.

El esposo nortamericano de Fujimori, Mark Vito Villanella, es investigado por sospechosas compras de terrenos a precios dudosamente bajos en el sur de Lima.

La situación de Fujimori motiva comentarios de prensa que señalan que su partido defiende al fiscal de la Nación y titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry -señalado como miembro de una red judicial de corrupción- para que este le garantice salir inmune de las pesquisas.

Sobre la situación de Fujimori, la líder del progresista Verónika Mendoza, manifestó que ‘está desesperada porque tiene miedo de terminar en la cárcel’ y por eso protege a Chávarry, cuyo retorno exigen la mayoría de los partidos, la prensa y la ciudadanía, esto último según encuestas privadas.

Por Prensa Latina

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