Condenan a Guatemala por masacre de militares a indígenas
El guatemalteco Jesús Tecú Osorio, sobreviviente de una masacre ocurrida el 13 de marzo de 1982, dijo en una entrevista que “la sentencia viene a fortalecer las exigencias para aclarar la muerte de muchos niños y niñas, mujeres, hombres”.
Sobrevivientes de masacres, felices con la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) impuso al Estado de Guatemala por masacres ocurridas en 1980 y 1982 y atribuidas a militares y paramilitares, ataca la impunidad histórica del aparato castrense guatemalteco en un momento que, a juicio de analistas y observadores políticos, es clave por coincidir con una nueva arremetida militar que dejó ocho indígenas y campesinos muertos a inicios de este mes en ese país.
La Corte, instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), máximo tribunal continental de derechos humanos, difundió el viernes un veredicto dictado el 4 de septiembre en el que estableció que el Estado guatemalteco es culpable de cinco matanzas ejecutadas en Río Negro, comunidad del central departamento de Baja Verapaz, con más de 440 muertos —al menos 107 infantes— y numerosos desaparecidos.
Tras culparle por asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y sustracción de menores, la Corte exigió al Estado guatemalteco que investigue, persiga, capture, enjuicie y sancione a los autores materiales e intelectuales de los hechos, ejecutados como política antisubversiva de las fuerzas armadas guatemaltecas en la guerra en esa nación, de 1960 a 1996, que dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos.
El guatemalteco Jesús Tecú Osorio, sobreviviente de una masacre ocurrida el 13 de marzo de 1982, dijo en una entrevista que “la sentencia viene a fortalecer las exigencias para aclarar la muerte de muchos niños y niñas, mujeres, hombres”. Tecú, ahora de 40 años, tenía 10 cuando las tropas penetraron a zonas de Río Negro y logró sobrevivir junto a una hermana, pero sus padres, cuatro hermanos (una mujer) y dos sobrinos fueron asesinados en una incursión castrense lanzada el 13 de febrero de 1982.
“Muchas veces la política de los gobiernos de turno es no esclarecer estos hechos, cambiar de fiscales, perder pruebas y expedientes y otros documentos y amenazar a testigos”, aseguró el sobreviviente a la masacre de Río Negro de 1982.
La sentencia fue divulgada en momentos en que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, enfrenta crecientes reclamos por la violenta represión militar lanzada contra una marcha callejera, el pasado 4 de octubre en el suroccidental departamento de Totonicapán, que dejó ocho campesinos e indígenas guatemaltecos muertos. Un coronel y ocho soldados están detenidos por estos hechos.
Pérez, primer militar en asumir la presidencia de Guatemala desde que el liderazgo castrense se replegó a los cuarteles en 1996 al pactarse la paz luego de 36 años de guerra, negó que exista una política institucional para “irrespetar la vida”.
Al repudiar el “uso de la fuerza militar”, el indígena guatemalteco Rodolfo Pocop, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (no estatal), declaró a este periódico que la sentencia “es oportuna, es una clara llamada de que en Guatemala hay que deducir responsabilidades por las masacres, a autores intelectuales y materiales”.
